El Gobierno prohíbe a los Franco cubrir el féretro con una bandera de España ¡¡¡sin escudo!!!
La Ministra de Justicia, Dolores Delgado, será la única representante del Gobierno en el acto, en su calidad de notaria mayor del Estado.
El Gobierno quiere impedir a la familia cubrir el féretro de Franco con la bandera de España
Ni con el águila de San Juan, ni con el escudo constitucional, ni sin emblema. El féretro de Franco que, una vez exhumado, portarán a hombros sus nietos y bisnietos desde el presbiterio de la Basílica del Valle de los Caídos hasta la explanada del complejo histórico monumental -donde estará esperando un helicóptero para su traslado- irá completamente desnudo.
El Gobierno de Pedro Sánchez ha prohibido a la familia que cubra el ataúd del dictador con cualquier tipo de tejido que represente los colores de la enseña española. Nada debe hacer parecer que Franco es portado como ex jefe de Gobierno o que el traslado de sus restos al cementerio de El Pardo tiene una connotación oficial o de Estado.
Durante las dos reuniones mantenidas esta semana entre el interlocutor de La Moncloa y el abogado de los nietos -al que se sumaba el mayor de ellos, Francis, en el segundo encuentro- los socialistas no han querido ocultar su abierta disconformidad con la mayoría peticiones formuladas por la familia para la exhumación.
Entre ellas, un par especialmente molestas para el Gobierno: que Franco, en cumplimiento de la legalidad vigente, reciba honores militares y cubrir el féretro con la bandera de España mientras es portado a hombros.
Tensa negociación
En un escrito remitido por los Franco al Consejo de Ministros, previo a los encuentros mantenidos con el interlocutor designado por el Gobierno, la familia manifestaba su preocupación al Ejecutivo por diferentes aspectos relativos a la exhumación.
La dignidad del traslado, la seguridad del mismo y la titularidad de la nueva tumba elegida por el Gobierno socialista para la reinhumación en el cementerio de El Pardo, centraban las reuniones entre el abogado de los Franco y el representante La Moncloa para definir los términos de la exhumación y la nueva fecha fijada para la misma. Todo apunta a que será el próximo miércoles 23 de octubre a primera hora de la mañana.
Por ello, y ante la inseguridad jurídica con que la familia considera que se está tratando la cuestión por parte del Gobierno, el letrado Utrera-Molina registraba en el Supremo dicho escrito, en fase de ejecución de sentencia, para solicitar su tutela judicial efectiva en el tratamiento y traslado de los restos de Franco.
En dicho documento, los nietos solicitaron al Alto Tribunal -todavía pendiente de pronunciarse- que requiera al Ejecutivo de Sánchez para que, antes de cumplir el contenido de los acuerdos ministeriales de 15 de febrero y 15 de marzo, atienda sus solicitudes. Principalmente, el inicio de «la tramitación del título funerario» del nicho habilitado por el Ministerio de Presidencia «en el lugar de inhumación decidido por éste», a favor de la familia.
Además, exigieron que el Ejecutivo garantice «en atención al respeto debido a la dignidad de los restos mortales» de Franco, «el cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 684/2010, de 20 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Honores Militares, rindiendo a los citados restos» los honores militares que «corresponden a su dignidad como Ex Presidente del Gobierno de la Nación».
El féretro, «una vez exhumado» deberá quedar cubierto «con la Bandera Nacional», que será, «con carácter preferente, la facilitada por los familiares, durante el traslado e inhumación de sus restos, que serán portados a hombros por sus familiares en su salida y entrada a los lugares de culto previstos», añadían los herederos.
Tras una tensa negociación, dicha posibilidad quedará relegada a la llegada del féretro al cementerio de El Pardo y una vez éste se haya depositado en el interior de la cripta de la iglesia donde será nuevamente inhumado. El motivo, que en el pequeño espacio disponible tan sólo podrán estar presentes dos o tres personas, además del sacerdote Tejero encargado de oficiar la misa de despedida autorizada por el Ejecutivo, en atención al respeto a «la libertad religiosa» de la familia.